El déficit del Estado se quintuplica hasta noviembre y alcanza el 6,79% del PIB

http://www.expansion.com/2009/12/28/economia-politica/1262001074.html

El Estado registró un déficit de 71.524 millones de euros hasta noviembre en términos de contabilidad nacional, el 6,79% del PIB, frente al déficit de 13.967 millones de euros del mismo periodo del año anterior, lo que supone que se ha multiplicado por cinco en un año.
Los gastos hasta noviembre ascendieron a 168.718 de euros (el 21,5% más que en el mismo periodo de 2008) y los ingresos fueron de 97.194 millones (el 22,2%) menos.
El presupuesto del sector público incurre en déficit cuando los gastos públicos superan los ingresos públicos.
Los ingresos públicos (impuestos netos) son los fondos que van a parar al sector público para poder cumplir los objetivos y cubrir los gastos.
El gasto público (compras de bienes y servicios) es el conjunto de obligaciones de pago contraídas por el sector público como consecuencia de su actuación como agente económico.
El tema que nos ocupa, está directamente relacionado con el flujo circular de la renta. Más concretamente, con el ciclo económico por el que atraviesa nuestra economía en estos momentos. Cuando la economía se encuentra en la fase recesiva del ciclo económico, disminuye la recaudación de impuestos, por la caída de la actividad, y aumenta el gasto público, al incrementarse las prestaciones por desempleo. Esto genera un crecimiento del déficit público.
En el caso concreto de España, la crisis económica ha tenido un impacto especialmente alarmante sobre el mercado laboral, afectando a todos los sectores de la actividad. El aumento del paro primero se detectó en la construcción, después en la industria y, posteriormente en los servicios, hasta alcanzar un record histórico en la cifra de desempleo. Este hecho, además de, la dificultad que existe hoy día para obtener un préstamo bancario, han generado en el consumidor una sensación de incertidumbre ante un futuro incierto, que ha provocado una reducción del gasto y un aumento del ahorro.
Esta situación ha generado una fuerte caída de la recaudación tributaria y, al mismo tiempo, un enorme incremento de las prestaciones por desempleo, que han terminado disparando el déficit del Estado.
La recaudación neta del conjunto de las administraciones ascendió a 150.754 millones de euros, un 13,9% menos que en 2008.
Los impuestos directos se redujeron un 13,7% y los indirectos, un 21,3%. En concreto, la recaudación por IRPF (impuesto directo que se liquida anualmente los meses de mayo y junio siguientes al ejercicio fiscal correspondiente. Es un impuesto progresivo, pues el tipo impositivo aumenta – y por consiguiente, la cuota que hay que abonar a la Administración – a medida que lo hace la renta global del contribuyente.) bajó un 10,9% hasta los 59.809 millones de euros, por la agilización de las devoluciones, los mayores aplazamientos y la deducción de los 400 euros.
Por su parte, en el impuesto de Sociedades la recaudación se situó en 19.946, un 23,2% menos que hace un año, debido, entre otras razones, a la caída de los beneficios empresariales, y al impacto de la segunda fase de la reforma fiscal.
En el caso, del IVA (impuesto indirecto que se aplica a las operaciones de entrega de bienes y prestación de servicios. No es un impuesto progresivo, sino que se aplica un tipo impositivo fijo, dependiendo de la naturaleza del bien o el servicio que se intercambia.), la recaudación se redujo un 29,7%, hasta los 32.299 millones de euros, y los impuestos especiales disminuyeron un 1,5%, hasta los 17.758 millones. En el gravamen sobre el Alcohol los ingresos bajaron un 11,4% y en Hidrocarburos lo hizo un 3,3%.
A pesar de todo, en el último trimestre del 2009, parece haberse invertido la tendencia, y comienza a experimentarse una leve mejora de la actividad. Parece comenzar a verse la luz al final del túnel, aunque el camino para terminar de salir de la recesión se prevé difícil.
Prueba de ello, es que aunque la caída de la recaudación tiende a ralentizarse, sigue en números rojos.
En el apartado de gastos, los pagos no financieros crecieron un 24,7% hasta los 163.600 millones de euros, mientras que las transferencias corrientes (las cantidades que la Administración general del Estado recibe de otras entidades.) aumentaron un 28,5% hasta los 95.657 millones. A finales de noviembre, el Estado obtuvo una necesidad de endeudamiento de 108.842 millones, frente a los 36.203 millones de hace un año.
En mi opinión, la actual situación de crisis que vive la economía española, exige la puesta en marcha con carácter de urgencia, de una serie de medidas cuyos objetivos básicos sean:
o Estimular el crecimiento de la actividad.
o Reducir el nivel de desempleo.
o Reducir el déficit público.
En primer lugar, debe exigirse al conjunto de las Administraciones públicas (Estado, Comunidades Autónomas, municipios) un esfuerzo compartido para contener el gasto y reequilibrar las finanzas públicas. Es decir, ajustar el gasto de las administraciones, recortando el dinero destinado a las retribuciones salariales y optimizando los recursos.
En segundo lugar, adoptaría medidas de estímulo fiscal encaminadas a impulsar la demanda e inyectar liquidez a las empresas. Entre ellas incluiría los aplazamientos del pago a Hacienda de las empresas.
En tercer lugar, subiría el IVA, pero sólo a los bienes y servicios inelásticos. Los bienes y servicios inelásticos son aquellos que por mucho que suba el precio no disminuye la demanda, ejemplos de estos bienes y servicios pueden ser la electricidad, el agua, el pan, etcétera. Con ello se contribuiría a reducir el déficit sin que disminuya el consumo. Además, subiría los impuestos sobre las rentas de capital, de tal forma que la cuota que el contribuyente tiene que abonar a la Administración aumente a medida que lo hace su renta global. En este apartado, haría especial hincapié en los futbolistas extranjeros que, hasta ahora han venido disfrutando de una exención fiscal que, les permitía cotizar a un tipo impositivo bastante inferior al de los futbolistas profesionales nacionales.
En último lugar, promovería el dialogo social entre los diferentes agentes sociales, para que alcancen un acuerdo que posibilite llevar a cabo una reforma laboral que reactive la contratación. Por supuesto, sin que esto suponga una pérdida para ninguna de las partes, empresarios y trabajadores. Un ejemplo práctico, podría ser la supresión de los contratos temporales actuales a favor de contratos indefinidos. En contrapartida a este cambio de contrato, el trabajador aceptaría en caso de despido que la indemnización fuera de 22 días por año trabajado en lugar de 45 días como estipula la ley para este tipo de contratos. Por supuesto, esta modificación en el cálculo de la indemnización sólo tendría efecto sobre los contratos de nueva creación que pasaran de temporales a indefinidos, en ningún caso tendría carácter retroactivo.
De esta forma, empresarios y trabajadores saldrían beneficiados. El trabador cambiaría un contrato precario que debe ser prorrogado cada cierto tiempo, por uno mejor que le da derecho en caso de despido a una indemnización. Por su parte, el empresario sale beneficiado al poder contratar a un trabajador indefinidamente y, tener que pagar la mitad en concepto de indemnización en caso de verse obligado a despedirle.